Cerca del 32% del territorio colombiano corresponde a territorios colectivos, de los cuales, la mitad son resguardos indígenas ubicados en áreas que representan gran parte de los ecosistemas del país y que por lo tanto, tienen un alto valor para la biodiversidad. En ese sentido, los pueblos indígenas juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, por lo que los acuerdos en este tema constituyen oportunidades importantes para innovar en las estrategias que buscan reconectar la sociedad y la naturaleza, así como procesos que permitan afirmar la diversidad cultural como elemento fundamental de nuestra identidad nacional, sobretodo en estos momentos de fuertes cambios territoriales. Acuerdos nacionales e internacionales reconocen hoy la importancia de aplicar el conocimiento tradicional para lograr el uso sostenible del territorio.
En el último trimestre del año 2014, se realizó la Cumbre Mundial del Clima y la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. En ese escenario se renovó el compromiso de los estados miembros de buscar estrategias innovadoras para lidiar con los factores relacionados con la variabilidad climática, mitigar sus efectos y encontrar vías para la adaptación. Adicionalmente, se formalizó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se reconoce, en el contexto internacional, el carácter especial que tienen los pueblos indígenas así como la obligación de avanzar en la protección de sus derechos y autonomía.
La gestión integral de la biodiversidad depende en buena medida de la inclusión de diferentes sistemas de conocimiento, prácticas productivas, modos de vida, formas de uso de la diversidad biológica, valores e instituciones que regulan las relaciones entre las comunidades étnicas, campesinas y locales y su entorno biofísico. En ese sentido, el Instituto Humboldt no es ajeno al trabajo con comunidades locales y por tanto es fundamental conectar el desarrollo de conocimiento con la búsqueda de modelos de desarrollo ambientalmente sostenibles y con la construcción de escenarios de paz, así como la puesta en marcha de estrategias innovadoras de gestión.Aunque el decreto no aborda explícitamente temas relevantes como la garantía en los mecanismos de participación (consulta previa) o el diálogo con comunidades indígenas sobre grandes proyectos de desarrollo y sus impactos posibles en sus territorios, su formulación sí define una trayectoria en la gestión pública del país hacia la reivindicación de su autonomía. Desde el punto de vista del manejo ambiental, el decreto mencionado constituye una plataforma importante tanto para el diálogo entre sectores de la sociedad como para la cooperación en la toma de decisiones.Relacionado a esto, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1953 del 2014 que avanza hacia la consolidación de la autonomía administrativa de los resguardos indígenas y sus organizaciones, y reivindica la Constitución Política con la creación de Entidades Territoriales Indígenas (ETI), dando un primer paso para el ejercicio de su autoridad sobre el territorio.
El reto tiene que ver con la construcción de respuestas adaptativas que permitan manejar grandes cambios, enfrentar variadas amenazas y mejorar la resiliencia social y ecológica de la megadiversidad del país. Este reto no es posible de asumir sin incorporar los aprendizajes que se derivan del gran acervo cultural de los pueblos indígenas y las comunidades locales del país. Este es el mejor momento.
Análisis desarrollado por el Observatorio de políticas públicas, alertas tempranas y proceso emergentes –Instituto Humboldt- Grupo de Investigadores: Adriana Camacho, Sebastián Restrepo, Carlos Tapia, Emerson Pastas.
