Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

Investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la toma de decisiones

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Estos son los resultados del acuerdo "Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo"


Cedrela odorata
Foto: Francisco Javier Mijares / Instituto Humboldt

La iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo presentó los resultados de su primer año de trabajo conjunto, entre distintos sectores, para preservar la biodiversidad y la conectividad de esta región de la Amazonía y, asimismo, promover la actividad empresarial.

El acuerdo se consolidó en 2017 con la participación de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PPNN); Corpoamazonia; el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI; el Instituto Humboldt; y las empresas del sector de hidrocarburos Gran Tierra Energy y Amerisur Exploración Colombia, ambas afiliadas a la ANDI. Un año más tarde, el Proyecto Vida Silvestre –liderado por Ecopetrol, Wildlife Conservation Society, la Fundación Mario Santo Domingo y Fondo Acción– se unieron a la iniciativa.


(De izq. a der.) Luz Marina Mantilla, directora general Instituto SINCHI; Jaime Mauricio Concha, vicepresidente Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI; Dora Moncada, coordinadora Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo ANDI; Manuel Buitrago, presidente Gran Tierra Energy; Luis Alexander Mejía, director Corpoamazonia; Santiago Martínez, Ecopetrol; Carlos Manuel Herrera, vicepresidente Desarrollo Sostenible ANDI; Julia Miranda, directora general Parques Nacionales Naturales de Colombia; Francisco Gómez, subdirector de Servicios Científicos y Proyectos Especiales Instituto Humboldt; Carlos Martínez, gerente general Amerisur Exploración Colombia.
Foto: Ximena Borré/Instituto Humboldt


Para dimensionar la importancia ecológica del Departamento del Putumayo, basta con saber que se encuentra ubicado en una zona de alta diversidad biológica y, por lo tanto, es rico en especies fauna y flora, algunas de ellas amenazadas por diversas actividades humanas que ejercen presión sobre los ecosistemas.

Según cifras suministradas desde el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB), plataforma que reúne datos biológicos provenientes de cientos de entidades e iniciativas colombianas, el Departamento tiene 5.867 especies entre aves, mamíferos, peces dulceacuícolas, plantas y líquenes; 168 son exclusivas de esa zona del país; cuatro están listadas en la categoría Peligro Crítico (CR), 21 En Peligro (EN) y 37 Vulnerables (VU), según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En ese sentido, este acuerdo facilitó que el Humboldt junto a PPNN, el SINCHI y Corpoamazonia trabajaran, durante el último año, en la priorización de cinco especies de fauna y flora: cedro rosado (Cedrela odorata), el tinamú negro (Tinamis osgoodi), el tigrillo (Leopardus tigrinus), el mono churuco (Lagothrix lagotricha) y el pecarí de labios blancos (Tayassu pecari).

Acerca de la experiencia institucional, Francisco Gómez, subdirector de Servicios Científicos y Proyectos Especiales del Humboldt, destacó la construcción y desarrollo de objetivos comunes entre las entidades participantes y lo positivo de que el sector privado haya entendido el territorio y la importancia del mismo: “No cabe duda de que juntos generamos mayor impacto y valor para las comunidades, los territorios y la biodiversidad”, puntualizó.


Cortesía: Prensa ANDI

Por su parte, Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, mencionó la importancia de trabajar en puntos de encuentro a partir de una visión colectiva, y señaló que “la gestión de la diversidad requiere de la participación del sector privado”.

La extracción de petróleo es la principal actividad económica legal del Putumayo y representa cerca del 3,9% de la producción nacional. De acuerdo con información del DANE, en 2017 el sector generó 29,8% de los ingresos del departamento.

Por lo tanto, la participación de las empresas en este acuerdo es fundamental para la protección del componente ambiental (debido a la gran cantidad de especies presentes en la zona) y del cultural por la presencia de 13 pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Sobre esta apuesta público-privada, Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, comentó que “es claro que el desarrollo depende del capital natural y que el sector privado cumple con un rol fundamental en la preservación del mismo”.

El objetivo de esta alianza es aunar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros e iniciativas entre instituciones y empresas encaminadas a la protección, restauración, conectividad ecosistémica y desarrollo sostenible de la biodiversidad, con un enfoque participativo y diferencial en el Putumayo.


Algunos resultados de la implementación del acuerdo entre 2017 y 2018:

De la mano del Grupo de Ornitología de la Universidad Nacional y la Asociación Alas Putumayo se impulsó el primer Encuentro Nacional de Ornitología, con la participación de los operadores más grandes de aviturismo de Inglaterra (Birdfinders-Sunbird) y Brasil (Marithaca expeditions).

Parques Nacionales Naturales de Colombia y Gran Tierra Energy hicieron acuerdos de conservación para declarar el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande, como la primera área protegida libre de cultivos ilícitos. Un esfuerzo que integró a 13 familias a través de esquemas de restauración participativa. Corpoamazonia y Amerisur Exploración Colombia avanzaron en la línea de uso sostenible, a través del diagnóstico de la presencia, en estado natural, de palma de Asaí.

Desde el Centro Forestal Costayaco, unidad de operación e investigación forestal de Gran Tierra Energy, ubicado en Villagarzón, se consolida la estrategia de conectividad ecosistémica en 212,6 hectáreas; el proceso es ejemplo de agregación de compensaciones ambientales y eje ambiental para el desarrollo turístico, productivo, científico, y de educación ambiental en la región.

El instituto SINCHI estableció lineamientos técnicos para el desarrollo de un proyecto pionero con empresas de hidrocarburos, con el fin de establecer la diversidad socioambiental de los ríos Putumayo y Caquetá. Este esquema buscará integrar nuevos conocimientos sobre la composición y estructura de estos ecosistemas acuáticos, así como de su calidad ambiental y de las comunidades rivereñas asociadas, con miras a la soberanía alimentaria y apuestas productivas.

En cabeza de Corpoamazonia y Gran Tierra se elaboró la primera guía de mariposas diurnas del piedemonte amazónico con 145 especies; en la actualidad se avanza en la edición del libro Putumayo la gran tierra de las mariposas.

Gran Tierra Energy y Amerisur Exploración Colombia se unieron al Instituto Humboldt y a Corpoamazonia en una estrategia de monitoreo de la biodiversidad en bloques petroleros, integrando metodologías participativas y lineamientos de gestión, que brindarán un mayor conocimiento de la diversidad biológica regional.

Desde el Centro Forestal Costayaco, unidad de operación e investigación forestal de Gran Tierra Energy, se promueven nuevos escenarios de investigación e innovación alrededor de pruebas de propagación sexual de helechos arborescentes y desarrollo forestal, una plataforma para el trabajo conjunto con el Instituto SINCHI.

Un acuerdo institucional entre Corpoamazonia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para el fortalecimiento de los sistemas de información en la toma de decisiones, permitirá la construcción del primer portafolio de áreas, proyectos y fuentes de inversión y compensación ambiental con enfoque conectividad Andes-Amazonia en 2019.


*Elaborado con información de Prensa ANDI y cifras del SiB Colombia
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Gobierno nacional autoriza comercio de piel de caimán aguja

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Bogotá, D.C. 23 de enero de 2019 
 
 


Foto: Caimán Aguja. Mónica Morales / Instituto Humboldt
 
 
  • •  La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), levantó parcialmente la prohibición para el comercio del caimán aguja o caretabla (Crocodylus acutus), en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los manglares de la bahía de Cispatá, Tinajoes, La Balsa y sectores aledaños, en el departamento de Córdoba.
  • •  La decisión fue tomada, según lo indica la resolución de la Dirección de Bosques, luego de estudios realizados a la especie en la bahía de Cispatá, que demostraron que sus poblaciones recuperaron el equilibrio y existe para ellas un manejo sostenible que garantiza su permanencia a largo plazo.
  • •  En 2002, acutus entró a la categoría Peligro Crítico (CR) por su alta probabilidad de extinción; sin embargo, y gracias a medidas de conservación implementadas, fue declarado En Peligro (EN) según el Libro rojo de reptiles (2015), y ratificado por el MADS en 2017.
 
Según la Resolución, el levantamiento parcial de la veda a la población de caimán aguja será exclusivo y restringido a sus huevos y dentro del DMI de la bahía de Cispatá. La cosecha se permitirá únicamente a los grupos de comunidades locales de la zona, autorizados por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y en el Plan de Manejo Específico, y quedará restringida a particulares o entidades.
 
Esta medida permitirá la recolección de huevos del nido silvestre solo entre enero y abril en zonas georreferenciadas, previa autorización, los cuales serán llevados a incubación controlada en las instalaciones de la CVS para el manejo de neonatos y juveniles, con el fin de obtener una proporción de individuos de ambos sexos para repoblación en el medio silvestre, así como un porcentaje para aprovechamiento de las pieles por parte de las comunidades y su posterior comercialización internacional.
 
Entre los compromisos que trae consigo el levantamiento de la veda está la realización de un seguimiento y monitoreo a las poblaciones de caimanes (por parte de la CVS en conjunto con las comunidades), según las condiciones identificadas y acordadas entre la corporación, el MADS y los institutos de investigación. Además, los lineamientos del Plan de Manejo Específico (PME), y las directrices y salvaguardas internacionales de acuerdo con lo estipulado por el Convenio Sobre Comercio Internacional de Fauna y Flora Silvestres.
 
Los resultados obtenidos serán revisados y avalados por el MADS (autoridad administrativa CITES), y los institutos de investigación (como autoridades científicas del Convenio), quienes determinarán si los volúmenes de extracción no ponen en riesgo la supervivencia de la especie.
 
  
El calvario de ser un caretabla

Históricamente, la veda para captura de ejemplares fue establecida en 1968 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y un año después emitida por el hoy desaparecido INDERENA, debido a que se llevaba más de 37 años de caza masiva con fines comerciales, con cerca de 2 millones de pieles en mercados internacionales, lo que redujo drásticamente las poblaciones y destruyó su hábitat natural.
 
Hacia 1980, el caimán aguja o caretabla ingresó al Apéndice I de CITES, el más restrictivo de los tres que existen, dadas las altas probabilidades de extinción por la comercialización ilegal de su piel, catalogada como “muy fina” y “de lujo”, codiciada en mercados internacionales, principalmente, y utilizada en la marroquinería.
 
El censo nacional realizado a Crocodylus (1994-1997) determinó un total de 6 individuos existentes para toda la bahía de Cispatá, y poblaciones no mayores a 11 ejemplares en 70 puntos geográficos del país, con menos de 250 en edad madura en su totalidad.
 

De cazadores a custodios
 
Posteriormente, el uso sostenible de la población de caimanes aguja se autorizó tras más de 15 años ininterrumpidos de procesos de investigación y conservación por parte de comunidades de Cispatá (con acompañamiento de la CVS), antes dedicadas a la caza del animal y hoy agremiadas en Asocaimán bajo el modelo de Distrito de Manejo Integrado adscrito al sistema nacional y regional de áreas protegidas.
 
La implementación de un Plan de Manejo Específico, con la participación de pescadores, mangleros y caimaneros de la zona, contempló la recuperación de la especie de caimanes con censo y monitoreo de las poblaciones silvestres y manejo de su hábitat, esto aunado a estrategias para la conservación, como programas de educación y divulgación, apoyo al desarrollo comunitario, entre otras.

 

Ilustración: Instituto Humboldt
 
La bahía de Cispatá es una de las áreas de manglares mejor estudiada, representativa y extensa (11.513 hectáreas, de las cuales 1436 sirven de hábitat a los caimanes) de Córdoba, y una de las zonas naturales más importantes del país por su importancia ecológica y biodiversidad.

 
Como resultados del seguimiento y estado actual de las poblaciones, entre 2002 y 2017 se registraron 1831 avistamientos de Crocodylus acutus, con un promedio de 86,3 de individuos por año. Entre 2003 y 2017 se recolectaron 21.077 huevos para una media anual de 1480.
 
Por otra parte, en 2017 hubo incremento de individuos de acutus en un 250 %, pasando de 50 en 2003 a 121. El aumento obedeció al programa de liberación puesto en marcha en la última década, alcanzando 11.788 especímenes.
 
Dicha recuperación de poblaciones del caimán aguja, permanente y sostenida, en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los manglares de la bahía de Cispatá trajo como resultado la aprobación de la Conferencia de las Partes de CITES y el levantamiento de la prohibición de comercialización, beneficiando a las comunidades comprometidas de la zona, que dependen del uso sostenible de fauna y flora para su pervivencia.

Ilustración: Instituto Humboldt
 
El uso de este reptil se enmarca en otras directrices de CITES que buscan beneficiar a las comunidades locales más vulnerables y fortalecer los medios de vida del lugar.

 
Esta decisión, también es resultado de un esfuerzo colaborativo y articulado que durante años han realizado la Dirección de Bosques del Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); la Corporación Autónoma Regional CVS; comunidades y expertos locales; las autoridades científicas designadas por el Gobierno nacional ante CITES: el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), coordinado por el  Instituto Humboldt; y el apoyo de las oficinas de Asuntos Internacionales y Cancillería.

 
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Transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad: Gestión de la biodiversidad en los procesos de cambio de uso de la tierra en el territorio colombiano

La transformación de los ecosistemas del territorio continental colombiano, su ocupación productiva y la persistencia de una confrontación armada interna atraviesan en la actualidad por un momento histórico crucial, que puede significar cambios profundos en la biodiversidad de los territorios. El inicio de la implementación del Acuerdo Final de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, y la eventual firma de un acuerdo con el ELN, sumado a las grandes dinámicas económicas y sociales en un contexto de globalización, conllevan transformaciones que afectarán regiones reconocidas por sus altos valores de biodiversidad y su fragilidad ambiental, estimulando transiciones sociales y ecológicas que ya se comienzan a ver pero que solo se expresarán de manera contundente a mediano y largo plazo. En este documento se ponen en consideración estos procesos de cambio de la biodiversidad, algunos de ellos hoy acelerados, bajo el concepto de transiciones socioecológicas y que, gracias a una nueva generación de políticas y acciones de gestión de la biodiversidad, deberían estar orientados hacia la sostenibilidad.

 

La publicación se encuentra disponible para lectura en nuestro Repositorio Institucional.

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Instituto Humboldt propone al país diez procesos de cambio para alcanzar la sostenibilidad

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Bogotá, D.C. 04 de diciembre de 2018

 


Foto: Instituto Humboldt


•  El Instituto Humboldt pone a consideración sus conclusiones y sugerencias tras realizar un análisis a diez puntos neurálgicos sobre la biodiversidad actual colombiana, con el fin de abrir el diálogo y el debate público con el Gobierno nacional, los sectores productivos y la sociedad civil, e iniciar así la inevitable y urgente transición de Colombia hacia la sostenibilidad.

•  La propuesta identifica estado, tendencias recientes, obstáculos y oportunidades en la gestión sostenible de la biodiversidad, y hace un llamado de emergencia para la puesta en marcha de políticas y acciones en los planes de desarrollo nacional, regionales y locales, asimismo en los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz.


•  Los resultados de la investigación, compilada en el informe Transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, están desde ahora a disposición de los colombianos, en formato digital, para consulta y descarga gratuita en el sitio web del Instituto Humboldt.


El tránsito de Colombia hacia la sostenibilidad es necesario e inevitable, y requiere del diseño, planificación y puesta en marcha de espacios posibles para la biodiversidad en el futuro de las ciudades, los paisajes rurales y la agroindustria. Así lo sugiere el reciente análisis realizado por expertos del Instituto Humboldt, cuyas conclusiones fueron entregadas al Gobierno para su consideración en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), que se encuentra en construcción, y que serán puestas a disposición del ámbito público y privado y en los colectivos locales y regionales con el fin de alcanzar acuerdos en un gran plan de gobernanza ecológica y social de los territorios.

Se trata de diez puntos estratégicos o procesos de cambio, llamados Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad, de importancia decisiva para obtener un estado nacional de bienestar que modifique la inconveniente trayectoria actual del país en materia ecológica y social. Estos son: la transformación de las áreas silvestres; la persistencia de territorios anfibios; la creación y administración de “naturalezas protegidas”; la resistencia cultural y el reconocimiento de territorios étnicos y otras colectividades; la conformación y permanencia de los paisajes rurales campesinos; la estabilización y reconversión de territorios ganaderos bovinos; el establecimiento y ampliación de los paisajes agroindustriales; la conformación de enclaves y expansión de las áreas de desarrollo minero y energético; la creación de centros urbanos y su integración en sistemas regionales; y la degradación de la tierra y la necesidad urgente de hacer rehabilitación y restauración ecológicas.


En cada uno se identificaron las tendencias, oportunidades, retos y obstáculos que enfrenta la gestión de la biodiversidad colombiana en medio de un escenario actual de transformaciones sociales y ecológicas. A continuación, se presentan algunas conclusiones de la información elaborada por el grupo de expertos:

 
1. Transformación de áreas silvestres. Prestar especial atención, en etapa de posacuerdo, a las áreas silvestres en las fronteras de ocupación campesina en el bosque húmedo tropical para efectos de sustitución de cultivos ilícitos y construcción de infraestructura, de tal suerte que no aumente la ya alarmante deforestación.

Incorporar todas las áreas protegidas del país en el ordenamiento territorial, considerando no solo páramos y humedales, sino, también, otros ecosistemas tales como las sabanas, zonas semiáridas y todo tipo de bosques. 
Considerar la gestión comunitaria de áreas forestales, en especial en fronteras de ocupación campesina y aquellas del posacuerdo, como una gran oportunidad para generar bienestar humano asociado con la conservación y restauración de ecosistemas forestales degradados.
 
Los conflictos socioambientales en torno a los bienes y servicios que ofrece la naturaleza son un claro obstáculo para un tránsito hacia la sostenibilidad. Urge un diálogo entre las distintas visiones del uso y transformación de la biodiversidad con el fin de identificar los umbrales de cambio aceptables y las tareas comunes que lleven a una gestión efectiva.
 
La falta de articulación institucional en los programas de Gobierno, fundamentalmente aquellos dirigidos al desarrollo de infraestructura o extracción de recursos nacionales, pone en riesgo el mantenimiento de las áreas naturales o seminaturales del país. La institucionalidad del país, en pleno, debe ponerse al servicio del desarrollo sostenible, como objetivo nacional.
 
Se requiere incorporar la gestión de áreas silvestres en los procesos de desarrollo urbano y en los indicadores de calidad ambiental. Por otra parte, preocupa el desconocimiento del aporte ancestral desde el punto de vista de sistemas productivos y formas de producción.

 
2. Persistencia de territorios anfibios. De los 1.122 municipios de Colombia, 1.100 tienen humedales, y 30 de ellos tienen más del 70 % de su territorio en zonas inundables. En el país, no existen figuras jurídicas suficientes que permitan modalidades de gobernanza, apropiación y manejo adecuado de la biodiversidad por parte de la población humana que habita los llamados territorios anfibios.
 
Es imperativo el diseño de paisajes anfibios para mantener y limitar las actividades productivas, logrando una estructura y funcionamiento de los humedales acordes con la conservación de su carácter ecológico y biodiversidad características.  
Otro reto prioritario es llevar a cabo procesos de planificación estratégica para el sector hidroeléctrico, de tal manera que la ubicación de los proyectos pueda definirse de acuerdo a los impactos acumulados como resultado de la regulación de los flujos y pulsos del agua, pues de otra manera podría ponerse en riesgo la prestación de servicios que ofrece la naturaleza para el bienestar de las poblaciones aledañas a los proyectos.
 
Es necesario otorgar derechos de ocupación y uso a poblaciones humanas, incorporados a las estrategias de gobernanza en los sistemas de áreas protegidas y por fuera de ellas, ante ausencia de estructuras organizacionales legitimadas para la gestión de los recursos naturales y los espacios en humedales, lo que limita la gestión basada en ecosistemas y comunidades.

Es importante el reconocimiento de la extensa superficie de humedales como una ventaja comparativa instalada para la adaptación al cambio climático, en este caso basada en los ecosistemas y las comunidades. Del mismo modo, reconocer estos hábitats como sumideros de carbono que contribuyen, también y en simultánea, a mitigar los efectos causados por este fenómeno mundial.
 
Es indispensable revitalizar la política de manejo de humedales interiores del país y extenderla a los estacionales como sabanas inundables, playones y humedales forestales.
 
Preocupa la apropiación ilegal e impune de muchos espacios de humedal, un problema de fondo que impide un manejo efectivo por parte de las autoridades ambientales, y debe enfrentarse evitando su titulación como “tierras” mal habidas.
 
No existe una política específica para la gestión social y ecológica de los ríos del país, limitando, en este sentido, una visión integral de los espacios de agua.

 
3. Creación y administración de “naturalezas protegidas”. Es vital incluir la figura de Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (Sirap) a nivel local y comunitario; así mismo, otras estrategias de conservación in situ de la biodiversidad que contribuyen al aumento de la conectividad y mejoran la adaptación al cambio climático.
 
Dado que el 90 % de los municipios definidos para el posacuerdo cuentan con parte de su territorio en áreas protegidas, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), planteados en el acuerdo de paz con las Farc-EP, pueden convertirse en instrumentos que permitan establecer actividades de uso sostenible asociadas al (Sirap).
 
Es esencial formular una estrategia de control territorial y gestión de las áreas protegidas que complemente la figura institucional de administración actual. Es momento de explorar otras posibilidades como concesiones de conservación, comodatos, áreas protegidas a cargo de actores locales y comunitarios o empresariales, etc., que podrían fortalecer los instrumentos existentes y definir de modelos de gobernanza, privados o comunitarios, para los territorios campesinos.
El “catastro multipropósito”, que hace parte de los acuerdos de La Habana, así como las políticas de distribución de tierras pueden ser una oportunidad para la consolidación de la gestión de áreas protegidas. En muchas de ellas se carece de información y registro de los predios existentes.
 
En cuanto al turismo en áreas protegidas se hace necesario revitalizar una política nacional de uso público de estas zonas. Si bien existen dispositivos legales y esfuerzos para el manejo de los visitantes, en perspectiva del aumento de la demanda por visita, apremia la creación de destinos, generación de beneficios locales y la construcción de infraestructura adecuada tal como albergues, centros de visitantes, senderos, entre otros.
No puede postergarse el reconocimiento a otras estrategias de conservación in situ, y su articulación al ordenamiento territorial; esta posibilidad puede convertirse en la forma de involucrar más activamente a la población en la gestión de la biodiversidad, fortaleciendo las diferentes formas de gobernanza.
 
Las considerables superficies de tierras manejadas con objetivos de conservación en predios propiedad de empresas que suministran servicios o productos del agro, podrían, previa evaluación, considerarse como aportes privados a los objetivos de conservación nacional.
Es perentoria la creación de alianzas a largo plazo entre los institutos de investigación del sistema Nacional Ambiental (Sina) y la academia para la investigación y gestión del conocimiento asociado con el manejo de las áreas protegidas. Tenemos aquí una deuda con el país.
 
Alarma el déficit notorio y creciente en la gestión de la implementación de áreas protegidas; los mecanismos financieros son insuficientes. Si se innovan formas de gobernanza y fuentes de financiación para administrarlas podría suplirse una parte del vacío en el establecimiento de políticas.
 
Inquieta el hecho de que la conservación de las áreas protegidas en Colombia carezca de mecanismos de compensación fiscal para los municipios que las poseen.
 
Debe debatirse la posibilidad de extender exención de impuesto predial, y otros esquemas relacionados con Pagos por Servicios Ambientales, para todas las áreas declaradas como Reservas Privadas de la Sociedad Civil reconocidas en la legislación nacional.
 
Si bien los (Sirap) se han fortalecido como espacios de gestión, estos no se enfocan de manera suficiente en generar procesos de conectividad funcional mediante una adecuada integración de las áreas protegidas en la planeación de los paisajes.
 
En muchos espacios de gestión de las áreas protegidas quedan excluidos los actores locales y los representantes de la sociedad civil, así como los dueños de predios privados, las empresas, las comunidades, etc., por no ser reconocidos como actores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).
 
En muchos casos las comunidades se niegan a que sus territorios sean declarados áreas protegidas, y lo anterior obedece a una gran invisibilización de la población rural, por ejemplo en ecosistemas de páramos y de ríos y humedales, que les impide sumar su identidad y aspiraciones a las iniciativas nacionales de conservación.
 
Para enfrentar presencia de poblaciones humanas dentro de las áreas naturales protegidas, Colombia carece de información suficiente al respecto, no existe un catastro completo ni una evaluación del impacto de esta ocupación sobre los objetivos de conservación.

 
4. Resistencia cultural y reconocimiento de territorios étnicos y de otras colectividades.
La mayoría de las regiones donde están ubicados los territorios colectivos presentan altos valores de biodiversidad, lo que representa una oportunidad para la generación y consolidación de beneficios sociales basados en la naturaleza.
 
Otra oportunidad que tienen las comunidades y pueblos que habitan estas zonas es el derecho de la consulta previa, un mecanismo importante para evitar deterioros ambientales y culturales en los territorios. No obstante, en algunos casos, estos mecanismos de participación pueden convertirse en parte del conflicto cuando es usada de manera indebida, o simplemente burlada, por parte todos los actores externos e internos involucrados con los territoritos (Estado, particulares, líderes o autoridades comunitarias en ejercicio indebido de su autonomía y de los mecanismos de gobierno propio).
 
Una enorme oportunidad para hacer conservación desde las poblaciones también se presenta en la gestión de áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia (SNPNN), a través de los Regímenes Especiales de Manejo (REM) y la creación de parques por solicitud de las comunidades, hecho que ya ha sucede en extensas zonas del país.
 
Las lógicas diferenciales de producción y consumo de las comunidades étnicas son otra oportunidad para la gestión de la biodiversidad, a través del fortalecimiento cultural y territorial basado en conocimiento tradicional, ancestral y local.
 
El capítulo étnico, incluido en el acuerdo final de paz entre las Farc-EP y el Gobierno nacional, es una oportunidad para gestionar el territorio teniendo en cuenta el derecho a la autonomía, autodeterminación y reconocimiento de la función de autoridad ambiental que protege, conserva y usa de manera sostenible la biodiversidad. En este marco, los pueblos étnicos deben ser beneficiarios de las medidas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos, adjudicación de predios y procedimientos de formalización en la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Para todos estos casos es evidente que los pueblos étnicos pueden demostrar, desde la práctica, la función ecológica de la propiedad, también que a las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se antepone la no explotación.
 
El reconocimiento formal del Estado colombiano al ejercicio de autoridad ambiental de parte de los grupos indígenas y afrodescendientes permitiría aportar a las estructuras formales de gobierno las experiencias de gobernanza de los territorios por parte de estas comunidades.
 
Se necesita mayor conocimiento científico sobre la biodiversidad de los territorios colectivos y el reconocimiento de los saberes propios de las comunidades como aporte valioso e indispensable a los sistemas formales de gestión del conocimiento de la biodiversidad.
 
Dos aspectos preocupantes: la pérdida de recursos naturales, o de acceso a ellos, en tierras colectivas de menor tamaño o con influencias externas severas que lleva al aumento de la inseguridad alimentaria de las poblaciones. Y el insuficiente reconocimiento de las formas de vida, como respuestas actuales o potenciales a la adaptación al cambio climático, que sin duda aumenta la vulnerabilidad social y ambiental ante agentes externos.
 
El retraso en la titulación o ampliación de territorios colectivos, o su negación, cuando son áreas de interés económico por parte del Estado, se constituye hoy en uno de los obstáculos para el tránsito del país hacia la sostenibilidad.

 
5. Conformación y pervivencia de paisajes rurales campesinos. El tránsito de los territorios rurales a la sostenibilidad, asociado con el posacuerdo, puede verse afectado por las dificultades en la implementación de los acuerdos de paz.
 
La implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) contenida en el punto 1 del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc-EP. Allí se incluye la creación de un Fondo de Tierras, el establecimiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial, la construcción de planes nacionales para la reducción de la pobreza extrema y el impulso a la seguridad alimentaria implica posibilidades importantes para el ordenamiento ambiental y productivo de amplias zonas del país.
 
Dado su conocimiento en el uso, manejo y gestión de la biodiversidad, asociaciones, cooperativas, agremiaciones y otras formas organizativas son una oportunidad para la sostenibilidad de los territorios rurales. El fortalecimiento de las formas locales de conocimiento, en un contexto de diálogo de saberes, permitirá integrar a la comunidad científica en su validación formal. Una forma de avanzar en esta tarea es la extensión de las iniciativas emergentes de “ciencia ciudadana” con las comunidades rurales del país.
 
Para la población del campo, las Zonas de Reserva Campesina se consideran como una oportunidad y, por fuera de ellas, posibilidad de que los campesinos manejen parte de sus territorios bajo figuras de conservación, por ejemplo, a través de la declaración autónoma de Reservas Privadas de la Sociedad Civil o el reconocimiento, por parte del Estado, de áreas protegidas campesinas.
 
Un aspecto muy importante de la transición hacia la sostenibilidad en territorios rurales campesinos está en la gestión forestal, en el manejo directo de los bosques naturales remanentes, en el enriquecimiento de bosques secundarios o en la gestión directa de procesos de restauración ecológica, que incluyen componentes productivos forestales. Igualmente, sería favorable el desarrollo de figuras de gobernanza forestal comunitaria en casos en que la titulación implique la sustracción de áreas de reserva forestal.
 
Uno de los principales obstáculos para el tránsito hacia la sostenibilidad es la desigualdad en la propiedad de la tierra y, en especial, su concentración extrema, que son además causa de conflictos en los territorios rurales. A esto se suman otros como el que surge por el desarrollo de grandes industrias en el agro cuando se ven enfrentados a pequeños y medianos propietarios.
 
La formulación e implementación de políticas rurales, que privilegian la agricultura comercial y las actividades agroindustriales sobre la producción familiar, tienen potencial de entrar en conflicto con los territorios rurales campesinos. Es el caso de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), que aumentan la producción agrícola y, así, tienen el potencial de afectar a los pequeños agricultores y asociaciones campesinas.
 
Gran parte de las políticas en ciencia y tecnología en el agro han sido orientadas hacia los sistemas de producción industrial y comercial. Poco, o insuficiente, ha sido el conocimiento generado para aumentar la eficiencia y sostenibilidad de las formas de producción de pequeños propietarios, sobre todo asociada con el mejoramiento de la calidad de vida, que no debería ser opuesto al aumento de la competitividad económica.


 
6. Estabilización y reconversión de paisajes ganaderos bovinos. La existencia de ganaderías que involucran el uso de diferentes pisos altitudinales en épocas diferentes, y cierto nivel de trashumancia, representa una situación que puede contribuir al manejo adaptativo de la montaña.

El potencial para reducir las emisiones, producto de la actividad ganadera bovina, amplio pues actualmente existen tecnologías y prácticas que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La dificultad está en su uso y aplicación pues no están muy difundidas. Si este tipo de estrategias son incorporadas al sector ganadero pueden reducirse entre el 18 y 30 % de las emisiones.
 
Cabe destacar, como aspecto positivo, que parte del gremio ganadero se comprometió, dentro del Plan de Desarrollo de la Ganadería Colombiana, a convertir cerca de 10 millones de hectáreas hacia programas con manejo de árboles y cambios en las coberturas y uso del suelo.
 
Por el contrario, preocupa que gran parte de los ganaderos sean propietarios latifundistas, representantes de una cultura ganadera en la cual priman el control territorial y el poder local o regional sobre la productividad.

En Colombia hay insuficiencia en la operatividad de incentivos, de varios tipos, para acelerar la reconversión ganadera del país hacia una mayor eficiencia social y ambiental.
 
Considerar la ganadería como un problema del “sector ambiental”, y no como una oportunidad en una parte enorme del territorio, lleva a que los conceptos e instrumentos de gestión de la biodiversidad no trascienden a fondo al Ministerio de Agricultura y a las instancias de investigación e innovación tecnológica para el agro.
 
Es probable que en el escenario de posacuerdo se busque promover el fortalecimiento de actividades ganaderas como alternativas económicas, con gran incertidumbre sobre sus sostenibilidad, generando altos riesgos para la biodiversidad y los beneficios de la naturaleza.

 
7. Establecimiento y expansión de paisajes agroindustriales. Muy positivo resulta que el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agroindustrial Colombiano (Pectia) incluya elementos de gestión de la sostenibilidad para la agroindustria, objetivos estratégicos y líneas de acción en un horizonte de 10 años.

Destacable, además, la incorporación de la gestión de áreas naturales dentro de los emprendimientos agroindustriales a través del concepto de “diseño de paisaje agroindustrial”. Otra gran oportunidad de transición hacia la sostenibilidad se da con la incorporación de estándares de certificación internacionales para los productos de la agroindustria.


Deben difundirse y replicarse en el país las iniciativas de trabajo entre empresas de agroindustrias y resguardos indígenas con un enfoque inclusivo de sostenibilidad, por su gran potencial de expansión territorial.
 
Es muy importante hallar formas asociativas para que productores pequeños y medianos puedan sumarse a los grandes emprendimientos agroindustriales. Por otro lado, hay que prestar especial atención a la concentración de propiedad de la tierra por la percepción social negativa que se crea y alimenta frente a la industria del agro, entre otras razones porque restringe el uso que da la sociedad a áreas prestadoras de servicios ecosistémicos al interior de áreas privadas; también porque contribuye a restar legitimidad al desarrollo de la agroindustria basada en grandes inversiones de capital.
 
Es inconveniente continuar en un esquema de ensayo-error, en el que cada gremio, entidad e inversionista emprende proyectos a su gusto, según intereses particulares y siguiendo señales a veces equivocadas y coyunturales del mercado. Se requiere una planificación estratégica, con enfoque territorial, para el desarrollo de la agroindustria en el país.
 
Intranquiliza la carencia de un sistema de evaluación de impacto ambiental por iniciativas agroindustriales y, en consecuencia, del proceso de gestión ambiental para proyectos de agroindustria, entre otros motivos por la percepción de que los temas agroindustriales no tienen que ver con el sector ambiental.
 
Otro obstáculo hacia la sostenibilidad está en el predominio de tecnologías dirigidas a la maximización de las funciones económicas de las tierras agroindustriales y un relativo atraso de tecnologías y formas de conocimiento dirigidas a la gestión directa de los servicios ecosistémicos dentro de los procesos agroindustriales.
 
Hay que poner la lupa a los sistemas regulatorios, como la Ley Zidres, que no incorporan suficientemente criterios sociales y ecológicos en la promoción de usos de la tierra basados en agroindustria, pues terminarán por repetir los errores ecológicos y sociales que han traído consigo la intensificación del campo.
 
Es urgente introducir un concepto de diseño de paisajes agroindustriales en las zonas que planean transformarse, así como de restauración ecológica en las ya ocupadas, dirigido a recuperar y mantener los bienes de la naturaleza asociados con los procesos ecológicos y la biodiversidad.
 
La presencia, en los mercados internacionales, de actores que demandan altos volúmenes sin que cumplan requerimientos mínimos de salud humana y ambiental, es un desaliento (incentivo perverso) para la gestión de la biodiversidad.
 
Por último, aunque no es un sector aquí señalado, el desarrollo de las industrias forestales comerciales incluye patrones de monocultivo de especies exóticas, lo cual podría beneficiarse igualmente de la incorporación de una gestión de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, afín a la que aquí proponemos para los paisajes agroindustriales.

 
8. Conformación de enclaves y expansión de áreas de desarrollo minero y energético. Colombia debe consolidar los espacios de valor ambiental a nivel nacional que son objeto de exclusiones –páramos, ciertos humedales–, y tener una idea clara de los impactos locales y acumulativos no controlados en otro tipo de espacios de interés local como los ecosistemas terrestres, ríos o afloramientos kársticos, todos con su biodiversidad característica y beneficios sociales específicos.
 
Hay escaso seguimiento a las actividades derivadas de los procesos de restauración ecológica. Este tipo de iniciativas pueden ser una fuente de empleo importante a nivel local.
 
El sector petrolero ha hecho algunos avances notorios en la gestión ambiental, en especial en la exclusión concertada de áreas de exploración-explotación, que llevaron a la creación de algunas áreas protegidas. Este tipo de alianzas pueden replicarse en escalas regionales y locales cuando la gestión de la biodiversidad no se pueda mitigar o compensar.

 
9. Creación de centros urbanos e integración en sistemas regionales. Una tendencia actual es el aumento de la población urbana cambia la percepción de la naturaleza, produciéndose una mayor demanda por espacios verdes, áreas protegidas y, en general, por “naturalidad” en los espacios públicos o abiertos. Esta petición se traduce en políticas que incluyen herramientas con criterios de biodiversidad, entre ellos estructura ecológica urbana, infraestructura verde, parques lineales, espacio público y antejardines, que evidencian una tendencia y demanda temática por ciudades verdes.
 
Una oportunidad más para la sostenibilidad del país está en la existencia de un enorme espacio de promoción de la infraestructura verde asociada con desarrollo urbano, con potencial de impactar ciudades intermedias y centros urbanos en acelerado crecimiento a través de su inclusión como componente de los índices de calidad urbana.
 
En lo posible se debe hacer una revisión del concepto de compensación por pérdida de biodiversidad, cuando se desarrollen proyectos urbanos y lineales, para dar cuenta de impactos ambientales acumulados; esto permitiría acoger y potenciar oportunidades de gestión ambiental territorial asociadas con ambientes urbanos y construidos.
 
La creación y el reconocimiento legal de las áreas protegidas urbanas municipales y regionales tiene gran potencial de expandir la conservación y restauración de la biodiversidad, generando beneficios tangibles a grupos poblaciones mayores.
 
Los ambientes urbanos tienen especial potencial en la incorporación en la educación de programas sobre el territorio (geografía e historia) y de creación de conciencia pública sobre los problemas y oportunidades en la gestión ambiental.


Existe un desconocimiento generalizado de la importancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las ciudades, por lo que el reto principal es posicionarlos en la agenda urbana y urbana-regional.
 
La información acerca de biodiversidad en las ciudades es limitada, aunque creciente, y no se ha reconocido su importancia para la toma de decisiones. Es urgente consolidar información multiescala sobre los ambientes urbanos, con criterios sociales y ecológicos, que permitan incidir en la planificación urbana y regional.
 
La gran heterogeneidad social y ecológica de las ciudades colombianas genera la dificultad de contar con modelos estándar fácilmente replicables, referentes a la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
 
La diversidad de relaciones entre ciudades y sus diferentes ecosistemas no se expresa ni se reconoce en la visión de desarrollo de las urbes, que actualmente son muy similares pues están limitadas y siguen sin reconocer la biodiversidad como eje fundamental para las decisiones de su territorio.
 
Las figuras para la declaración y gestión de áreas protegidas urbanas existentes son insuficientes y hay vacíos legales para que las autoridades ambientales las puedan declarar como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y registrarlas en el (Registro único Nacional de Áreas protegidas (Runap).
 
Las consideraciones ambientales en las ciudades usualmente se centran a los temas abióticos medibles y no reconocen la biodiversidad urbana y los beneficios de la naturaleza. Es importante a ampliar las baterías de indicadores de calidad urbana a los espacios regionales, incluyendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como la apropiación social de los mismos.
 
Algunas áreas protegidas de carácter regional o nacional vienen siendo afectadas por procesos de urbanización en sus entornos. Es el caso de los parques nacionales Tayrona, Iguaque o Farallones de Cali, en los que aumenta la demanda por visitas cuando hay carencia de espacios verdes urbanos, cambiándose las relaciones con sus entornos. No existe una categoría de manejo tal como “área de amortiguación urbana” para estas áreas protegidas.
 
El reconocimiento de atributos de la biodiversidad (silvestre y manejada) en los entornos urbanos es lento. Predominan los procesos de artificialización –especialmente en sistemas acuáticos y anfibios–, aunque hay importantes iniciativas de renaturalización.

 
10. Aparición de paisajes degradados y emergencia de la rehabilitación y restauración ecológicas. La restauración ecológica es además de indispensable, costosa y los resultados son visibles a largo plazo. Sin embargo, debe considerarse que una transición de zonas degradadas a restauradas requiere de un esfuerzo sostenido y constante en el tiempo, lo cual no siempre está disponible en las agendas y planes de gestión, enmarcados en tiempos y ritmos políticos y electorales.

La comunidad científica ha resaltado que la restauración ecológica, tal como se está dando en Colombia, representa un conjunto amplio de casos heterogéneos que carecen de suficiente monitoreo, de tal suerte que no se puede establecer un concepto mínimo sobre su eficiencia y eficacia.
 

Muchos procesos de licenciamiento ambiental contienen ya requerimientos sobre restauración ecológica. Sin embargo, los mismos se hacen por medio de contratos de consultoría o suministro de servicios con paquetes de intervención de plantación de árboles y fragmentados. No se evidencia una adecuada gestión del conocimiento, que permita generar aprendizajes a partir las experiencias.
 
Para el grupo de expertos, el análisis contenido en el documento abre la conversación y el debate a todas las instancias de la vida nacional en torno a estos diez puntos neurálgicos actuales en la gestión de la biodiversidad del país y a los futuros posibles.
 
Todos, aclara el Humboldt, son susceptibles de modificación y mejora por medio de una construcción colectiva que refleje las realidades y necesidades de la heterogeneidad social y ecológica colombiana. 


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Subdirección de Investigaciones

Es el área encargada de liderar la agenda científica institucional con incidencia política y pertinencia social. Dentro de sus objetivos está el de generar conocimiento útil y pertinente para la toma de decisiones en lo referente a las transformaciones territoriales y sus consecuencias sobre el funcionamiento de los ecosistemas, la planificación territorial y sectorial, la participación y apropiación social frente a la gestión integral de la biodiversidad en el país.


Subdirector: Hernando García


Apoyo administrativo:
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Unidad de Acompañamiento:
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- Cristina Rueda - asistente editorial Biota Colombiana
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